Una brecha de infraestructura de US$36.760 millones, un Estado que con suerte puede alcanzar el 40% de ejecución en la inversión pública que se presupuesta, un 50% de las vías deterioradas por falta de mantenimiento. Los números son contundentes y dejan poco espacio para dudar de la conveniencia de recurrir al sector privado para realizar obras de infraestructura pública. Sin embargo, los reclamos surgidos ante las últimas concesiones abren la polémica sobre si estas, bajo el esquema de asociaciones público-privadas (APP) que lleva a cabo el Gobierno, están bien encaminadas.
Una larga llamada al exterior para conversar con el especialista en temas de infraestructura de un organismo internacional nos da, en off, la primera voz de alerta: “El Perú, como muchos países de América Latina, no está preparado para ejecutar concesiones bajo esquemas de APP (modalidad bajo la cual se concesionó el puerto de Paita, la Red Vial N° 4 y la planta de tratamiento de aguas residuales Taboada)”.
Por ello las APP tienen como requisito fundamental que el país cuente con un marco institucional sólido. Esto es, autoridades sectoriales y organismos reguladores alta- mente capacitados e independientes, que modelen en beneficio del usuario los contratos que se firmarán con las empresas privadas. “Se tiene que asegurar que los usuarios serán los beneficiados y tener en cuenta que la obra será un pasivo del Estado durante los próximos 25 o 30 años”.
Los técnicos de los diferentes ministerios, las autoridades sectoriales y los organismos reguladores son los encargados de garantizar la eficiencia económica de una concesión. Los políticos quieren siempre poder inaugurar obras o parecer que son los impulsores de la modernidad. Los primeros quieren que las cosas se hagan con calma, los últimos quieren hacerlo todo para ayer.
De lo cual se analiza las ventajas potenciales de las APP, “es importante que los contratos (entre el concedente y el privado) contengan las especificaciones necesarias para que la búsqueda de eficiencias en la empresa privada no entre en conflicto con el bienestar social”.
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